Honduras avanzó en la capacidad de investigación y el combate de bandas criminales y narcotráfico

Tegucigalpa, 4 de abril. Honduras avanzó y mejoró su capacidad investigativa, así como en la interacción de los cuerpos de seguridad y justicia para combatir a las organizaciones criminales y del narcotráfico.

Así lo establece textualmente la Oficina de Narcóticos Internacionales y Asuntos de Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos en su informe anual Estrategia Nacional de Control de Narcóticos.

Producto de ese avance, el informe establece que “los Estados Unidos trabajan en estrecha colaboración con las autoridades hondureñas para mejorar la capacidad de brindar seguridad y justicia a sus ciudadanos y combatir el narcotráfico”.

“En 2018, Honduras avanzó en la mejora de la capacidad de investigación y la inter-operatividad de las fuerzas de seguridad para combatir a las organizaciones criminales”, dice textualmente el informe.

Si bien hay un avance importante en los esfuerzos de los países que luchan contra este flagelo, el informe reconoce que no se “pudo traducir estas mejoras en perturbaciones notables a las organizaciones de narcotráfico”.

El presidente Juan Orlando Hernández, desde el inicio de su primer mandato en 2014, demandó de los países productores y consumidores de droga que aceptaran su responsabilidad compartida aunque diferenciada.

En diversos foros internacionales, el gobernante hondureño ha advertido que no se puede bajar la guardia ante un enemigo tan poderoso que amenaza inclusive la estabilidad social y la democracia de los países.

Los ilimitados recursos con los que cuentan las organizaciones delictivas obligan a los países a actuar en conjunto para enfrentar a un enemigo de mil cabezas, que todos los días evoluciona en sus estrategias criminales, ha advertido el mandatario hondureño.

El informe del Departamento de Estado establece que “los recursos inadecuados y la incapacidad de interceptar los frecuentes y pequeños envíos de drogas ilícitas a través de Honduras siguen siendo desafíos difíciles”.

Logros

Cabe destacar que en los últimos cinco años Honduras ha extraditado hacia Estados Unidos a más de una veintena de hondureños y más de una decena de investigados se entregaron o fueron capturados para responder ante la justicia de ese país.

Además, se han destruido más de 233 pistas clandestinas usadas por el narcotráfico, se han desmantelado 14 narcolaboratorios, se desarticularon cinco carteles del narcotráfico que eran intocables en Honduras (Cachiros, Valle Valle, Valle de Sula, Olancho y Cartel del Sur).

La Oficina de Narcóticos Internacionales y Asuntos de Aplicación de la Ley recomienda al Gobierno de Honduras “continuar su camino para reformar sus instituciones, acelerar los procesos judiciales y proporcionar recursos adecuados a los operadores del sector de la justicia para lograr un mayor éxito contra las organizaciones de narcotráfico”.

Y es que en los últimos años, bajo el liderazgo del presidente Hernández aún desde el Congreso Nacional (2010-2014) se aprobaron más de una veintena de leyes e instrumentos para robustecer el sistema de seguridad, investigación, fiscalización y justicia.

Entre estas medidas destacan:

• Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito (El 16 de junio de 2010)

• Ley contra el Financiamiento del Terrorismo (El 11 de diciembre de 2010).

• Reforma al artículo 102 de la Constitución que impedía la extradición, en enero de 2012

• Ley de Protección de la Soberanía del Espacio Aéreo (3 de marzo de 2013)

• Creación de la Policía Militar de Orden Público (24 de agosto de 2013).

• Creación de la policía élite Tigres para combatir el crimen organizado (Enero de 2014)

• Creación de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) (24 de febrero de 2014)

• Ley General para la Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Evaluación de Confianza (6 de marzo de 2014).

• Creación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (18 de marzo de 2014)

• Dirección Nacional de Seguridad Aeroportuaria (DSA) (23 de julio de 2014)

• Ley Especial contra el Lavado de Activos (30 de abril de 2015)

• Decreto de emergencia para la depuración de la Policía Nacional (8 de abril de 2016)

• Nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional (30 de mayo de 2017)

Control de drogas

El volumen I del informe, relativo al Control de Drogas y Químicos, establece que Honduras sigue siendo un país de tránsito para la cocaína destinada a los Estados Unidos y los precursores químicos utilizados para producir drogas ilícitas.

Al igual que en los informes de años anteriores, también indica que la costa caribeña de Honduras es vulnerable al tráfico de drogas por tierra, mar y aire debido a su lejanía, infraestructura limitada y falta de presencia gubernamental.

Sin embargo, ante las acciones del Gobierno para desarticular carteles del narcotráfico que tenían el control de esas zonas, el informe indica que “las organizaciones de narcotraficantes están cambiando su estrategia para aprovechar estas vulnerabilidades al enviar envíos más pequeños en bote rápido o en un avión pequeño, lo que hace que la detección y la interdicción sean cada vez más difíciles para las autoridades hondureñas”.

Cabe señalar que el Gobierno del presidente Hernández impulsó, pese a la oposición interna y externa, el escudo marítimo, aéreo y terrestre.

Para fortalecer el escudo aéreo, inclusive se aprobó la Ley de Protección de la Soberanía del Espacio Aéreo, el 3 de marzo de 2013, generando reacciones adversas inclusive de países aliados en la lucha contra el narcotráfico.

El informe reconoce que, “a pesar de los avances, la situación general de seguridad en Honduras sigue siendo un desafío”.

Tasa de homicidios

El informe también reconoce que la tasa de homicidios sigue disminuyendo en Honduras.

Cabe destacar que por haber descuidado la seguridad, desde el año 2006, Honduras llegó a convertirse en el país más violento del mundo, con tasas de homicidios de 90 por cada 100.000 habitantes.

Pero en los últimos años Honduras logró reducir la tasa a 40 homicidios por 100.000 habitantes, es decir, una reducción de más de 50%, calificada como “milagrosa” porque ningún otro país en el mundo había logrado eso en tan poco tiempo.

Aunque se han alcanzado los niveles de seguridad que había a finales de 2005 (gestión del expresidente Ricardo Maduro), la tasa de 40 sigue siendo elevada, ya que la media mundial oscila entre 8 y 10 muertes por cada 100.000 habitantes.

El informe del Departamento de Estado señala que “la tasa de criminalidad general sigue siendo alta” y advierte que los niveles de actividad delictiva dificultan la falta de recursos de la Policía Nacional de Honduras para operar.

Consciente de lo anterior, recientemente el presidente Hernández anunció que se aumentarían los presupuestos de los cuerpos de seguridad, sin afectar otras partidas presupuestarias que son clave para el desarrollo nacional.

Esta pretensión de inmediato generó reacciones adversas entre sectores políticos de oposición que desde un inicio se han opuesto a todas las medidas anticrimen impulsadas por el Gobierno.

Pandillas

De acuerdo al informe, las pandillas callejeras criminales transnacionales, como la Mara Salvatrucha (MS-13) y barrio 18, “no son una parte significativa de la cadena logística internacional de drogas, excepto como facilitadores de envíos a través de Honduras y pequeños distribuidores locales”.

Incautaciones

El informe también reconoce que la reestructuración de la Policía, la mejora producto de la capacitación investigativa y operativa, tanto de la Policía como del Ministerio Público, así como la formación de grupos de trabajo interinstitucionales para atacar a los traficantes, “aumentaron la interoperatividad de las entidades gubernamentales para combatir el tráfico de drogas”.

“Las incautaciones de drogas por parte de la Policía en 2018 superaron los niveles de 2017”, reconoce el informe.

Depuración policial

Asimismo, la Oficina de Narcóticos Internacionales resalta que fue el Gobierno del presidente Hernández quien “inició una depuración en 2016 para remover a los oficiales corruptos o no calificados del servicio” policial.

El informe señala que “5.218 oficiales de la Policía fueron retirados de sus funciones a partir del 1 de noviembre de 2018”.

Se señalan como debilidades existentes aún en la Policía que “falta una administración sólida y de nivel medio de la Policía, junto con la escasez de oficiales con experiencia significativa en la lucha contra las drogas”.

Estas debilidades, dice el informe, “han impedido que la fuerza se mantenga a la vanguardia de la evolución de las amenazas del narcotráfico”.

Sin embargo, la Oficina de Narcóticos reconoce que “el Gobierno de Honduras continúa sus esfuerzos para desarrollar la capacidad para combatir el tráfico de drogas y para aumentar las incautaciones e interrumpir las redes delictivas”.

Voluntad política

El informe también reconoce la “alta” voluntad política del Gobierno de Honduras para combatir el narcotráfico y para coordinar acciones con las agencias de cumplimiento de la ley de los Estados Unidos.

Los retos para el control de drogas siguen siendo importantes y es por ello que el propio presidente Hernández ha afirmado que no se puede retroceder en esta lucha.

Entre los retos identificados en el informe están: corrupción en instituciones, recursos presupuestarios inadecuados y violencia persistente.

“La corrupción, combinada con las bajas tasas de recaudación de impuestos, priva a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los tribunales y los fiscales de recursos críticos”, advierte el informe.

Tasa de seguridad

En el caso de la Tasa de Seguridad, instituida en 2014, el informe del Departamento de Estado reconoce que surge para “compensar los desafíos de financiamiento para las agencias de seguridad”.

El informe indica que la Tasa de Seguridad “ayudó” a las instituciones clave de aplicación de la ley y hasta advierte que “los fondos son insuficientes para satisfacer las necesidades significativas de personal, equipo y tecnología requeridas para abordar el tráfico de drogas en Honduras”.

Se destaca que la asistencia de los Estados Unidos a Honduras ha sido clave para unidades de Policía, para la formación de grupos de trabajo interinstitucionales, el desarrollo de capacidades en materia de justicia penal, el intercambio de información y la capacitación.

Todos estos apoyos “proporcionaron una base para que las instituciones gubernamentales coordinen sus esfuerzos en la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas”, añade.

Incautaciones

El documento subraya que, “durante 2018, el Gobierno de Honduras hizo hincapié en las operaciones interinstitucionales centradas en áreas geográficas específicas que experimentaron picos en la actividad delictiva”.

“Estas operaciones han resultado en un alto número de arrestos, incautaciones de armas y confiscaciones importantes de marihuana”, dice el informe 2019.

Sin embargo, también advierte que estas operaciones apoyadas por los Estados Unidos “no han producido incautaciones notables de cocaína ni interrupciones en las organizaciones de narcotraficantes”.

En ese sentido, reconoce que la unidad de élite de la Dirección de Fuerzas Especiales Tigres “ha sido fundamental para brindar el apoyo operativo y táctico requerido para estas operaciones”.

Dirección Antinarcóticos

Además, el informe dice que “la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, creada en 2018, comenzó sus operaciones tácticas en septiembre con el apoyo de otras direcciones de la Policía”.

Hasta octubre, la DNPA tenía 135 empleados, la mayoría de los cuales eran graduados recientes de la Academia de Policía u oficiales con experiencia limitada en operaciones de drogas.

Además, la Dirección Antinarcóticos no tiene una sede central establecida, por lo que el personal y el liderazgo trabajan desde varios lugares.

En enero de 2018, la Policía Nacional trasladó la Fuerza de Tareas contra Delitos Financieros (OPIF) de la Dirección de Investigaciones Policiales a la DNPA para abordar los aspectos financieros de las investigaciones de drogas.

El gobierno de los EE.UU. proporciona asesoría a la DNPA en las áreas de desarrollo organizativo, intercambio de información entre los directores, planificación operativa e investigaciones financieras.

Investigación criminal

La Escuela de Investigación Criminal también es apoyada por los Estados Unidos. Ofrece cursos sobre la clasificación de drogas ilícitas, farmacología, laboratorios clandestinos, precursores químicos y métodos de tráfico, e incorpora temas de control de drogas en todos los otros cursos ofrecidos.

El informe resalta que el Congreso Nacional aumentó el presupuesto de esta Escuela de Investigación de aproximadamente 20.000 dólares en 2016 a 1.3 millones de dólares en 2018.

“El Gobierno de Honduras también está invirtiendo, con el apoyo de los Estados Unidos y de donantes internacionales, en una academia de capacitación especializada que incluirá una escuela dedicada a la capacitación contra las drogas”, reconoce la Oficina Antinarcóticos.

Asimismo, el informe reconoce que “Honduras es parte de varios acuerdos regionales que se centran en el tráfico de drogas, entre ellos la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos y el Acuerdo Regional del Caribe sobre Antinarcóticos Marítimos. Honduras ha ratificado la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal”.

Todo lo anterior demuestra el compromiso invariable que el Gobierno de la República y el presidente Hernández han tenido sobre esta temática.

Gobierno transparente

La Oficina Antinarcóticos del Departamento de Estado claramente establece en su informe que “el Gobierno de Honduras, como parte de la política gubernamental, no fomenta ni facilita la producción o distribución de drogas ilícitas, ni está involucrado en el lavado de las ganancias de la venta de drogas ilícitas”.

Sin embargo, también advierte que la corrupción sigue siendo generalizada en instituciones públicas (de seguridad y justicia). “La Comisión Especial para la Depuración y Reestructuración de la Policía completó su misión original de expulsar a los policías corruptos de la fuerza en 2017”, dice.

Destaca que la Policía continúa contratando nuevos oficiales para alcanzar su objetivo de 26.000 elementos para 2022, y hasta octubre de 2018 se contaba con unos 18.500 oficiales.

Maccih

Respecto a la Maccih, el informe recuerda que en abril de 2018 dicha misión de la OEA completó dos años de operaciones (tres años en abril de 2019).

Entre los avances destaca la creación de juzgados anticorrupción, y la Fiscalía contra la Corrupción UFECIC.

Esta unidad, destaca el informe, comenzó a investigar casos de corrupción de alto nivel. Desde finales de 2017 se han revelado varios casos de corrupción a gran escala, incluso contra funcionarios públicos actuales y anteriores.

Cabe destacar que estas acciones demuestran el compromiso del Gobierno de Honduras para que las instituciones desarrollen su trabajo con absoluta apertura, tanto la institucionalidad del país como la misión de acompañamiento.

Cooperación

El informe también destaca que Estados Unidos brinda asistencia a través de la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica (CARSI) para mejorar las capacidades profesionales de las instituciones del sector justicia.

Estos apoyos se brindan en el marco de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, la cual se creó en respuesta a la demanda del presidente Hernández de que los países aceptaron su responsabilidad compartida aunque diferenciada.

“El objetivo general de la asistencia de los Estados Unidos es reforzar las instituciones del sector de justicia y seguridad de Honduras para que puedan dar cuenta de la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de su país”, dice el informe.

“El Gobierno de Estados Unidos proporciona asesoría y apoyo logístico a varias direcciones de la Policía y los militares para mejorar las capacidades del país anfitrión para investigar y desbaratar el tráfico de drogas en Honduras”, agrega.

Concretamente, Estados Unidos entrena y equipa a la Policía Nacional, unidades especiales, Fuerza de Tareas contra los Crímenes Violentos, la Unidad Nacional Antisecuestro, Policía Tigres y el Grupo de Operaciones Tácticas Especiales (GOET).

De interés

• Estados Unidos mantiene un acuerdo bilateral con Honduras para suprimir el tráfico ilícito por mar, que incluye disposiciones para embarque, los transportistas, el seguimiento, el ingreso para investigar, el sobrevuelo, orden de aterrizaje y el uso de plataformas de terceros.

• Honduras participa regularmente en las cumbres semestrales multilaterales marítimas contra las drogas, que reúnen a profesionales antidrogas de casi 25 países y más de 65 organizaciones internacionales que se extienden a lo largo de América del Norte, Central y del Sur, y Europa.